El 27 de febrero de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la suspensión de la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) para las empresas locales. Esta decisión exime a las empresas estadounidenses de la obligación de presentar informes sobre sus Beneficiarios Finales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Sin embargo, las empresas extranjeras registradas en Estados Unidos aún deben cumplir con este requisito. Si bien esta medida busca reducir la carga regulatoria para las empresas locales, ha generado preocupaciones sobre su impacto en los esfuerzos globales para combatir el crimen financiero.
Detalles de la suspensión
La CTA, promulgada en 2021, tenía como propósito mejorar la transparencia financiera al exigir que ciertas empresas informaran sobre sus propietarios beneficiarios, es decir, los individuos que poseen o controlan la entidad en última instancia. Este requisito buscaba prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, alineándose con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
No obstante, el 27 de febrero de 2025, FinCEN anunció que no haría cumplir la las obligaciones de la Ley CTA a las empresas locales que no presentaran o actualizaran sus Informes de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOIR), ello a la espera de una nueva “regla final provisional”.
Posteriormente, el 2 de marzo de 2025, el Tesoro estadounidense amplió esta medida, indicando que no impondría sanciones a las empresas reportantes domésticas, sus propietarios beneficiarios o ciudadanos estadounidenses, incluso tras la entrada en vigor de nuevas reglas. El gobierno norteamericano planea limitar la presentación de informes de la CTA exclusivamente a empresas extranjeras registradas en EE. UU., definidas como entidades constituidas bajo leyes foráneas.
Impacto en las empresas locales
Para las empresas constituidas bajo las leyes estatales de EE. UU., esta suspensión implica la posibilidad de pausar sus esfuerzos de cumplimiento de la Ley CTA. Según las bases de datos, se estima que aproximadamente 32.6 millones de empresas podrían beneficiarse de esta medida. Sin embargo, organizaciones como Transparency International han advertido que esta relajación podría aumentar el riesgo de que EE. UU. se convierta en un refugio para actividades financieras ilícitas, al reducir la transparencia sobre la propiedad de las empresas locales.
Cambio propuesto para las empresas extranjeras
El Tesoro propone mantener la obligación de presentar informes BOIR para las empresas extranjeras registradas en EE. UU. Este enfoque crea un estándar dual: las empresas locales gozan de mayor opacidad, mientras que las entidades extranjeras enfrentan un escrutinio continuo.
Impacto internacional
La suspensión de la Ley CTA para empresas locales de EE.UU. y su nuevo enfoque restringido tuvo implicancias a nivel internacional:
La suspensión podría percibirse como un retroceso en la implementación de la Recomendación 24 del GAFI sobre transparencia de la propiedad beneficiaria, lo que podría incentivar a otros países a relajar sus propias normativas.
Organizaciones como Transparency International han criticado la medida.
Podría complicar las relaciones con países que buscan reciprocidad en materia de transparencia.
Precedente Global: La decisión podría inspirar a otras naciones a reducir sus cargas regulatorias, debilitando los esfuerzos colectivos contra el crimen financiero.
La medida alivia a las empresas locales pero plantea varios puntos de inquietud para la transparencia financiera y la cooperación internacional. Se esperan nuevas definiciones en lo inmediato por parte del gobierno Estadounidense que aclaren la operatividad de estas modificaciones.
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